El anterior gobierno adelantó las elecciones para que el gobierno surgido de las urnas
pudiera elaborar su propio presupuesto, en un ejercicio de respeto al funcionamiento
democratico y pensando en el bien de España.
Por el contrario, este gobierno ha elaborado deprisa y corriendo unos presupuestos, con
fines partidistas y electoralistas, e hipotecando al gobierno que surja de la voluntad
popular. Se trata, por tanto, de un ejercicio poco respetuoso con los procedimientos
democráticos y con el interés general.
Se trata de unos presupuestos que pretenden ‘comprar voluntades’ y ‘votos’ de cara a las
próximas elecciones generales, con guiños oportunistas a colectivos maltratados por este
gobierno, como son los funcionarios y los pensionistas.
La mejor muestra de que son unos presupuestos electoralistas es que no toman en
consideración el modelo económico que se quiere para el país. Son unos presupuestos
que carecen del menor criterio de política económica. No contribuyen a cambiar el modelo
productivo. Por el contrario, plantean una política fiscal procíclica, que amplifica los
efectos del ciclo y que perjudica a los más desfavorecidos. Cabe recordar que el Gobierno
subió los impuestos y redujo el gasto social en la parte baja del ciclo y ahora, cuando la
economía está en fase de crecimiento, baja los impuestos fundamentalmente a las
rentas más altas.
Ya los presupuestos del 2015 se habían evidenciado como fantasiosos: los ingresos por
cotizaciones sociales se preveía que crecieran al 8% y lo están haciendo al 1,3% en lo
que va de año; una fantasía que se amplía en 2016, pues prevén un crecimiento del 7%,
adicional sobre ese 8% de 2015. Esto supone que en 2016 solo se recaudará el 90% de
lo presupuestado como cotizaciones a la Seguridad Social, lo que implicará un desfase
adicional no previsto de 12.000 millones de euros, que se tendrá que cubrir con el Fondo
de Reserva de la Seguridad Social. Cabe recordar que Rajoy ha gastado 30.000 millones
del fondo de reserva, más del 40% del fondo dejado por Zapatero como herencia.
Con esta fantasía de ingresos, el PP en realidad está ocultando los recortes adicionales
de gasto que tiene planificados. Porque es importante señalar que el PP no ha explicado
a la opinión pública los ajustes concretos que, tanto el Programa de Estabilidad para el
periodo 2015-2018 como el Presupuesto para 2016, contienen. Por ejemplo, en materia
de personal. De hecho, plantean una reducción del consumo público del 2,2% del PIB
para el periodo 2014-2018, que solo es posible con fuertes recortes en los principales
servicios públicos. Cabe señalar que desde 1995 hasta 2013, el consumo público solo se
redujo entre 2011 y 2014 y, para ello, como todos los ciudadanos conocen, porque lo
sufrieron, fueron necesarios importantes recortes en Sanidad, Educación, Protección
Social, etc.
Los presupuestos de 2016 prevén subidas de ingresos y reducción de gastos, sobre todo
de la cobertura del paro, pero no fundamentalmente porque haya más gente con empleo,
sino porque los parados no tendrán derecho a más prestación. En concreto, para 2016
dicho gasto ascenderá a 19.500 millones de euros, presuntamente, según el presupuesto,
"porque hay menos parados". Sin embargo, la verdadera razón es otra. Porque, con
aproximadamente los mismos parados, en 2011 se destinaban al desempleo 30.500
millones de euros. Lo que sucede realmente es que sigue cayendo la cobertura por
desempleo, que ya en 2015 se sitúa solo ligeramente por encima del 50%, su mínimo
histórico. Es decir, uno de cada dos parados ya no tiene prestación por desempleo, y el
Gobierno anuncia que se van a seguir reduciendo dicha cobertura en 2016.
Una política fiscal irresponsable. Con un déficit público cercano al 6% y una deuda pública
en torno al 100% del PIB, es una irresponsabilidad terminar la legislatura adelantando
parte de la reforma del IRPF (que debía entrar en vigor en 2016) y que supone un regalo
de 1.500 millones de euros, fundamentalmente, a las rentas más altas, poniendo en
riesgo con ello la financiación de las políticas de cohesión social.
La deuda pública sigue disparándose por encima del 98% de nuestro PIB. Aunque el PP
presume de haber corregido el déficit público y de haber estabilizado nuestra cuentas, la
realidad es otra. España es el segundo país desarrollado con un mayor nivel de déficit
público a cierre de 2014 (del 5,8% del PIB frente al promedio del 2% del PIB de los 34
países de la OCDE). De continuar con la tendencia actual, el próximo Gobierno heredará
una deuda pública de 1,1 billones de euros, lo que supone 350.000 millones de euros más
que a principio de legislatura. Si al cierre de 2011 la deuda por habitante era de 15.756
euros, terminaremos 2015 con una deuda per cápita de 23.519 euros, lo que supone un
50% más en tan solo cuatro años. Y no les parece poco, puesto que para 2016 prevén un
incremento neto de deuda, sólo en el Estado, de 50.000 millones de euros.
En cuanto al déficit previsto, todos los analistas auguran que no se cumplirán las
previsiones de 2016 por las CCAA y la Seguridad Social. En este punto hay que destacar
los continuos Incumplimientos de los objetivos de estabilidad. Desde 2011 todos los años
se ha incumplido el objetivo de estabilidad presupuestaria por la mayor parte de las
administraciones (a pesar de las prórrogas concedidas por parte de la Comisión Europea).
De hecho, el comportamiento reciente de la Administración central no resulta ser
ejemplarizante, pues esta administración incumplió incluso la regla de gasto en 2014.
En cuanto al modelo productivo, continúa el recorte en el gasto de infraestructuras
reduciéndose más de un 2% respecto a 2015. Cabe mencionar que la reducción del gasto
público desde 2011 hasta 2014 se ha apoyado, principalmente, en la caída de la inversión
pública, lo que está deteriorando notablemente nuestro stock público de capital y, por
tanto, nuestro crecimiento potencial. No se trata de hacer nuevas infraestructuras
faraónicas, sino un plan de mantenimiento de las ya existentes, algunas de las cuales
sufren un deterioro notable, perjudicando la productividad. La inversion en mantenimiento,
además, es muy intensiva en empleo y sirve de apoyo a pequeñas y medianas empresas.
Por el contrario, con estos presupuestos, el gobierno del PP no sólo no prevé la
recuperación del terreno perdido durante la actual legislatura sino que reduce si cabe aún
más la inversión en infraestructuras, lo que demuestra la ausencia de compromiso con el
cambio de modelo productivo.
Pero la mejor muestra de que el presupuesto de 2016 ignora el modelo productivo es el
exiguo crecimiento del 2% de la I+D+i civil. Con este ritmo necesitaríamos más de 50
años en recuperar todo el terreno perdido en esta legislatura. Tampoco se apoya a la
industria (el capítulo de industria y energía se reduce un 9,5%) ni la modernización de la
oferta turística (el presupuesto en turismo aumenta un ridículo 1,9%) lo que demuestra
claramente que el único modelo productivo en el que se sabe desenvolver el PP es el
ladrillo.
Finalmente, son unos presupuestos injustos porque la desigualdad sigue aumentado en
España por las políticas del PP. Después de haber subido los impuestos en más de 20 mil
millones de euros a las clases medias, el Gobierno ha aprobado una reforma fiscal con un
coste para las arcas públicas de 6 mil millones de euros. Cerca del 50% de esta bajada de
impuestos (2.600 millones de euros) va destinada al 10% que más gana. Por otra parte, el
1% de contribuyentes con mayor renta (aproximadamente 200.000 personas) se beneficia
más de esta reforma que el 50% de contribuyentes que menos ganan, y que representan
a un colectivo de 10 millones de personas. Por tanto, esta política fiscal aumenta la
desigualdad en nuestra sociedad. En contraposición, la propuesta del PSOE del ingreso
mínimo vital, tiene entre sus prioridades el 10% con menos renta, que son los ciudadanos
que precisamente peor lo están pasando.
Aunque las pensiones mejoren un 0,25%, lo mínimo establecido por ley, la inflación
prevista para el próximo año del 1,3% dejará sin efecto esta subida en términos reales.
Continua la caída del gasto social. El peso del gasto social en el conjunto del presupuesto
consolidado fue del 58% en 2011, se reduce al 54% en 2015 y se sitúa en el 53, 5% en
2016. Esta caida en el peso respecto a 2011 supone casi 10.000 millones de euros.
En conclusión, se trata de unos Presupuestos electoralistas, irrealistas, irresponsables,
ineficientes e injustos. Y que ignoran que la madurez política de los españoles y su grado
de conocimiento de la realidad económica están muy por encima de lo que el PP pretende
con estos cambalaches electoralistas.
Miguel Sebatián
Carlos Ocaña
Manuel Diaz
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