Presupuestos 2016: electoralistas, irreales, irresponsables, ineficientes y, sobre todo, injustos.

El anterior gobierno adelantó las elecciones para que el gobierno surgido de las urnas pudiera elaborar su propio presupuesto, en un ejercicio de respeto al funcionamiento democratico y pensando en el bien de España. 

Por el contrario, este gobierno ha elaborado deprisa y corriendo unos presupuestos, con fines partidistas y electoralistas, e hipotecando al gobierno que surja de la voluntad popular. Se trata, por tanto, de un ejercicio poco respetuoso con los procedimientos democráticos y con el interés general. 

Se trata de unos presupuestos que pretenden ‘comprar voluntades’ y ‘votos’ de cara a las próximas elecciones generales, con guiños oportunistas a colectivos maltratados por este gobierno, como son los funcionarios y los pensionistas. 

La mejor muestra de que son unos presupuestos electoralistas es que no toman en consideración el modelo económico que se quiere para el país. Son unos presupuestos que carecen del menor criterio de política económica. No contribuyen a cambiar el modelo productivo. Por el contrario, plantean una política fiscal procíclica, que amplifica los efectos del ciclo y que perjudica a los más desfavorecidos. Cabe recordar que el Gobierno subió los impuestos y redujo el gasto social en la parte baja del ciclo y ahora, cuando la economía está en fase de crecimiento, baja los impuestos fundamentalmente a las rentas más altas. 

Ya los presupuestos del 2015 se habían evidenciado como fantasiosos: los ingresos por cotizaciones sociales se preveía que crecieran al 8% y lo están haciendo al 1,3% en lo que va de año; una fantasía que se amplía en 2016, pues prevén un crecimiento del 7%, adicional sobre ese 8% de 2015. Esto supone que en 2016 solo se recaudará el 90% de lo presupuestado como cotizaciones a la Seguridad Social, lo que implicará un desfase adicional no previsto de 12.000 millones de euros, que se tendrá que cubrir con el Fondo de Reserva de la Seguridad Social. Cabe recordar que Rajoy ha gastado 30.000 millones del fondo de reserva, más del 40% del fondo dejado por Zapatero como herencia. 

Con esta fantasía de ingresos, el PP en realidad está ocultando los recortes adicionales de gasto que tiene planificados. Porque es importante señalar que el PP no ha explicado a la opinión pública los ajustes concretos que, tanto el Programa de Estabilidad para el periodo 2015-2018 como el Presupuesto para 2016, contienen. Por ejemplo, en materia de personal. De hecho, plantean una reducción del consumo público del 2,2% del PIB para el periodo 2014-2018, que solo es posible con fuertes recortes en los principales servicios públicos. Cabe señalar que desde 1995 hasta 2013, el consumo público solo se redujo entre 2011 y 2014 y, para ello, como todos los ciudadanos conocen, porque lo sufrieron, fueron necesarios importantes recortes en Sanidad, Educación, Protección Social, etc. 

Los presupuestos de 2016 prevén subidas de ingresos y reducción de gastos, sobre todo de la cobertura del paro, pero no fundamentalmente porque haya más gente con empleo, sino porque los parados no tendrán derecho a más prestación. En concreto, para 2016 dicho gasto ascenderá a 19.500 millones de euros, presuntamente, según el presupuesto, "porque hay menos parados". Sin embargo, la verdadera razón es otra. Porque, con aproximadamente los mismos parados, en 2011 se destinaban al desempleo 30.500 millones de euros. Lo que sucede realmente es que sigue cayendo la cobertura por desempleo, que ya en 2015 se sitúa solo ligeramente por encima del 50%, su mínimo histórico. Es decir, uno de cada dos parados ya no tiene prestación por desempleo, y el Gobierno anuncia que se van a seguir reduciendo dicha cobertura en 2016. 

Una política fiscal irresponsable. Con un déficit público cercano al 6% y una deuda pública en torno al 100% del PIB, es una irresponsabilidad terminar la legislatura adelantando parte de la reforma del IRPF (que debía entrar en vigor en 2016) y que supone un regalo de 1.500 millones de euros, fundamentalmente, a las rentas más altas, poniendo en riesgo con ello la financiación de las políticas de cohesión social. 

La deuda pública sigue disparándose por encima del 98% de nuestro PIB. Aunque el PP presume de haber corregido el déficit público y de haber estabilizado nuestra cuentas, la realidad es otra. España es el segundo país desarrollado con un mayor nivel de déficit público a cierre de 2014 (del 5,8% del PIB frente al promedio del 2% del PIB de los 34 países de la OCDE). De continuar con la tendencia actual, el próximo Gobierno heredará una deuda pública de 1,1 billones de euros, lo que supone 350.000 millones de euros más que a principio de legislatura. Si al cierre de 2011 la deuda por habitante era de 15.756 euros, terminaremos 2015 con una deuda per cápita de 23.519 euros, lo que supone un 50% más en tan solo cuatro años. Y no les parece poco, puesto que para 2016 prevén un incremento neto de deuda, sólo en el Estado, de 50.000 millones de euros. 

En cuanto al déficit previsto, todos los analistas auguran que no se cumplirán las previsiones de 2016 por las CCAA y la Seguridad Social. En este punto hay que destacar los continuos Incumplimientos de los objetivos de estabilidad. Desde 2011 todos los años se ha incumplido el objetivo de estabilidad presupuestaria por la mayor parte de las administraciones (a pesar de las prórrogas concedidas por parte de la Comisión Europea). De hecho, el comportamiento reciente de la Administración central no resulta ser ejemplarizante, pues esta administración incumplió incluso la regla de gasto en 2014. 

En cuanto al modelo productivo, continúa el recorte en el gasto de infraestructuras reduciéndose más de un 2% respecto a 2015. Cabe mencionar que la reducción del gasto público desde 2011 hasta 2014 se ha apoyado, principalmente, en la caída de la inversión pública, lo que está deteriorando notablemente nuestro stock público de capital y, por tanto, nuestro crecimiento potencial. No se trata de hacer nuevas infraestructuras faraónicas, sino un plan de mantenimiento de las ya existentes, algunas de las cuales sufren un deterioro notable, perjudicando la productividad. La inversion en mantenimiento, además, es muy intensiva en empleo y sirve de apoyo a pequeñas y medianas empresas. Por el contrario, con estos presupuestos, el gobierno del PP no sólo no prevé la recuperación del terreno perdido durante la actual legislatura sino que reduce si cabe aún más la inversión en infraestructuras, lo que demuestra la ausencia de compromiso con el cambio de modelo productivo. 

Pero la mejor muestra de que el presupuesto de 2016 ignora el modelo productivo es el exiguo crecimiento del 2% de la I+D+i civil. Con este ritmo necesitaríamos más de 50 años en recuperar todo el terreno perdido en esta legislatura. Tampoco se apoya a la industria (el capítulo de industria y energía se reduce un 9,5%) ni la modernización de la oferta turística (el presupuesto en turismo aumenta un ridículo 1,9%) lo que demuestra claramente que el único modelo productivo en el que se sabe desenvolver el PP es el ladrillo. 

Finalmente, son unos presupuestos injustos porque la desigualdad sigue aumentado en España por las políticas del PP. Después de haber subido los impuestos en más de 20 mil millones de euros a las clases medias, el Gobierno ha aprobado una reforma fiscal con un coste para las arcas públicas de 6 mil millones de euros. Cerca del 50% de esta bajada de impuestos (2.600 millones de euros) va destinada al 10% que más gana. Por otra parte, el 1% de contribuyentes con mayor renta (aproximadamente 200.000 personas) se beneficia más de esta reforma que el 50% de contribuyentes que menos ganan, y que representan a un colectivo de 10 millones de personas. Por tanto, esta política fiscal aumenta la desigualdad en nuestra sociedad. En contraposición, la propuesta del PSOE del ingreso mínimo vital, tiene entre sus prioridades el 10% con menos renta, que son los ciudadanos que precisamente peor lo están pasando. 

Aunque las pensiones mejoren un 0,25%, lo mínimo establecido por ley, la inflación prevista para el próximo año del 1,3% dejará sin efecto esta subida en términos reales. Continua la caída del gasto social. El peso del gasto social en el conjunto del presupuesto consolidado fue del 58% en 2011, se reduce al 54% en 2015 y se sitúa en el 53, 5% en 2016. Esta caida en el peso respecto a 2011 supone casi 10.000 millones de euros.

En conclusión, se trata de unos Presupuestos electoralistas, irrealistas, irresponsables, ineficientes e injustos. Y que ignoran que la madurez política de los españoles y su grado de conocimiento de la realidad económica están muy por encima de lo que el PP pretende con estos cambalaches electoralistas.

Miguel Sebatián

Carlos Ocaña

Manuel Diaz

Categories: economia

Recuperación y Propaganda

Desde 1980 hasta 2014 la economía española creció en promedio un 2,2% anual en términos reales. Parece haber un consenso generalizado en que nuestra economía crecerá en torno al 2,5% este año 2015. La Comisión Europea apunta al 2,3% y el Gobierno revisará al alza el próximo mes de abril su ya obsoleta previsión del 2%. Es decir, en 2015 nuestra economía va a tener, por primera vez en 8 años, un crecimiento superior al “tendencial” (en 2007 el PIB real creció un 3,8% y en 2008 apenas un 1,1%). Si a eso le sumamos que la economía lleva 6 trimestres consecutivos con crecimiento positivo, es difícil no concluir que la economía española, en efecto, “está en una fase de recuperación”. Entonces, ¿por qué la población en general no lo percibe así? Si acudimos al último barómetro del CIS, el 77% de los consultados cree que la situación económica general es “mala o muy mala” y el 84% opina que la situación económica actual del país es “igual o peor” que hace un año. ¿Cómo es posible que esos buenos datos macroeconómicos no sean percibidos por la inmensa mayoría de la población? Hay dos posibles explicaciones. Una de ellas es que la recuperación sólo afecta a una minoría de ciudadanos. Este argumento no parece muy plausible porque los agregados macroeconómicos son precisamente eso: agregados. Y, por construcción, recogen el comportamiento de los agentes económicos en su conjunto (consumo, renta, empleo, inversión, etc.). ¿Cómo puede el Consumo privado agregado crecer sin que crezcan las compras de bienes y servicios de una buena parte de las familias españolas? Así pues, la explicación a la paradoja anterior hay que buscarla en otro lado. Creo que se explica porque a la población en general no le preocupan las “tasas de crecimiento” de las variables macroeconómicas sino los “niveles” de dichas variables: Y que solamente notarán la “mejoría” cuando esos agregados macroeconómicos recuperen un cierto nivel. Si el lector se fija en las primeras líneas de este artículo, notará que sólo se habla de tasas de crecimiento. Ni un solo nivel. Y esa es la tónica de prácticamente toda la información económica que se maneja en los medios, en las tertulias y por parte de casi todos los analistas y economistas. Las tasas de crecimiento están bien para anticipar movimientos o cambios de tendencia. Pero, la gente no vive de las tasas de crecimiento, sino de los niveles. Y cuando hablamos de la economía en términos de niveles, el panorama no es tan halagüeño como el de la economía en términos de tasas de variación.

Pongamos, por ejemplo, el caso de la variable económica por excelencia: el Producto Interior Bruto (PIB) expresado en términos reales o a precios constantes, que es una aproximación de la Renta Nacional de un país. Tomando como base un índice con base 100 en 2010, dicho PIB real alcanzó un máximo en el segundo trimestre de 2008 con un valor de 104,4. A partir de entonces, cayó durante 6 trimestres consecutivos, creció durante todo el año 2010 (los famosos “brotes verdes”), volvió a caer a partir de 2011, y desde mediados de 2013 se vuelve a recuperar. En el último trimestre de 2014, y pese a los 6 trimestres consecutivos de recuperación, el PIB real ha alcanzado un nivel de 98,3. Es decir, un nivel de renta un 5,8% más bajo que el que había antes de que estallara la crisis. Esto implica que, incluso recuperando la tasa de crecimiento tendencial, tardaremos casi 3 años más en recuperar el nivel de renta real previo a la crisis, algo que sí “notaría” la gran mayoría de la población. Mas aún, suponiendo que la economía hubiera crecido a ese ritmo tendencial desde 2006, hoy estaríamos casi un 17% por debajo de la renta que nos correspondería de acuerdo con ese ritmo potencial o de largo plazo.

Cuando miramos los niveles y no las tasas de crecimiento el panorama económico es, por tanto, bien diferente. Entonces, si a la gente le preocupa los niveles y no las tasas, ¿por qué el Gobierno insiste en hablar sólo de las tasas, aun a costa de un grado de irritación notable de buena parte de la población? La respuesta aquí es más sencilla. Los resultados económicos de los 3 años de Gobierno de Rajoy no son nada favorables si se miden en niveles. Tomando como ejemplo una vez más el índice de PIB real, éste se encontraba en el cuarto trimestre de 2014 en 98,3. Y en el cuarto trimestre de 2011, cuando Zapatero dejó el Gobierno, se encontraba en 98,8. Es decir, tres años completos después, el Gobierno de Rajoy no ha logrado recuperar el nivel de PIB real que heredó de Zapatero. Con estos datos, que son públicos y que cualquiera puede comprobar inmediatamente en la página web del INE, resulta muy difícil validar la idea de “nos encontramos con una economía que era un desastre cuando llegamos y ahora le hemos dado la vuelta”. Porque esta frase es pura propaganda. La realidad es: “aun no hemos conseguido recuperar los niveles de Renta Nacional que heredamos hace tres años, y eso que prometimos que sería fácil hacerlo”. Algo parecido ocurre con la Producción Industrial, que está hoy 4 puntos por debajo del nivel de finales de 2011 (91 versus 95, en un índice base 100 en 2010).

Estamos en un año puramente electoral, con 4 convocatorias de elecciones en apenas 9 meses. Por tanto, estaremos sometidos a una continua campaña propagandística. Recuperación económica, sí, pero con elevadas dosis de propaganda política.

Además del PIB hay otros muchos ejemplos, tanto micro como macroeconómicos, de la economía real y financiera, donde ya se detecta la labor de ese equipo propagandístico. Pongamos sólo algunos de ellos, empezando por uno de tipo microeconómico.

Las exportaciones de automóviles.- Recientemente hemos conocido el cierre del ejercicio 2014, en el que las exportaciones de automóviles han alcanzado los 2 millones de unidades, con un crecimiento del 8% con respecto al año pasado. No he encontrado ni un solo medio que no haya hecho una valoración tremendamente positiva de este dato que, cuando se mide en tasas de crecimiento, es realmente espectacular. Incluso algún tertuliano se ha venido arriba diciendo que eso se debe “a la ganancia de competitividad por la reforma laboral”. El problema es que en el cierre del año 2011, último año de Zapatero, las exportaciones de automóviles alcanzaron los 2,1 millones de unidades, con un euro mucho más apreciado que ahora y antes de la reforma laboral.

El paro.- Si preguntáramos por la calle si el paro se ha reducido con el Gobierno de Rajoy, la respuesta sería mayoritariamente afirmativa. Pero la realidad de los datos dice otra cosa. Comparando una vez más los datos más recientes de la EPA (cuarto trimestre de 2014) con la EPA de finales de 2011 comprobamos que el número de parados es hoy mayor que entonces en 170.000 personas (5,46 versus 5,29 millones). Si nos ceñimos a los parados de larga duración, la situación es peor, dado que hay 710.000 parados más. Y si nos fijamos en la tasa de paro,  se encuentra más de un punto por encima (Zapatero la dejó en el 22,6% y ahora está en el 23,7%). Y la juvenil ha empeorado incluso más (49% versus 44%). También lo ha hecho la de los mayores de 50 años, que ha subido casi 3 puntos. Y el número de hogares con todos sus miembros en paro, que es hoy 144.000 hogares más elevado.

El empleo.- Aquí la comparación tampoco resulta muy favorable para el Gobierno de Rajoy. Hay 584.000 ocupados menos, se trabajan 177 millones de horas menos y los perceptores de renta (ocupados + parados con prestación) son un millón menos de los que había al acabar 2011. Finalmente, la tasa de “precariedad” (temporales + contratados a tiempo parcial) ha aumentado en 2 puntos (del 34 al 36%).

Empresas y libertad económica.- Desde finales de 2011 hasta 2014 el número de empresas se ha reducido en 71.000 según el DIRCE y en 36.000 según la Seguridad Social. En cuanto al Índice de Libertad Económica de la Heritage Foundation, en estos tres años hemos retrocedido 13 posiciones (del puesto 36 al 49), siendo superados por países como Perú, Jordania, Uruguay, Letonia y Botswana, entre otros.

En resumen, nos encontramos en un año electoral cuya propaganda nos empujará a fijarnos solo en las tasas de crecimiento de las macromagnitudes. Pero, si quieren hacerse una idea más acertada de la magnitud de la recuperación, no se les olvide mirar también los niveles. Y la comparación internacional. Pueden encontrarse con muchas sorpresas.

Miguel Sebatian

Universidad Complutense de Madrid.

Publicado en Nuevo Lunes, Especial 34 Aniversario
23 de Febrero de 1981

Link: Especial 34 Aniversario Nuevo Lunes

Categories: economia

En defensa del 135

Tal y como narra el propio José Luis Rodríguez Zapatero en su libro “El Dilema”, a finales de agosto de 2011, en medio de un debate parlamentario de convalidación de uno de los múltiples reales decreto-leyes aprobados ese año, el Presidente del Gobierno sorprendió a la Cámara proponiendo incorporar a la Constitución la conocida como “regla de oro fiscal” para garantizar la estabilidad presupuestaria a medio y largo plazo, en relación tanto con el déficit estructural como con la deuda pública, y vinculando a todas las Administraciones Públicas. El 27 de Septiembre de ese mismo año se aprobó la reforma del artículo 135 de la Constitución de 1978, la segunda reforma de nuestra Carta Magna en sus casi 26 años de Historia.

Los firmantes de este artículo, pese a ser militantes o simpatizantes del PSOE, no compartimos el procedimiento de aprobación que se eligió, posiblemente demasiado rápido, aunque entendemos que las circunstancias que vivía nuestro país en esas fechas, sometido al vapuleo de los mercados ante la entonces pasividad del Banco Central Europeo (BCE), no daba mucho margen para un procedimiento más pausado y con una mayor participación ciudadana. También echamos de menos que en ese momento no hubiera habido un debate más en profundidad sobre lo que significaba esa reforma. La ausencia de dicho debate ha llenado los medios y las redes de “eslóganes” políticos que no aguantan un mínimo análisis de rigor. Pero no compartir el procedimiento no quiere decir que no compartamos el contenido básico de esa reforma y la necesidad de mantenerla tal cual se aprobó.

Porque, para empezar, España no estaba haciendo nada especialmente distinto a lo que harían el resto de los países europeos unos meses después. En marzo de 2011, cuando empezaba a quedar claro que se estaba avecinando un enorme tsunami que podría dar al traste con la joven unión monetaria, los países de la zona euro decidieron aprobar el “fiscal compact”, es decir, el compromiso de unas reglas de equilibrio presupuestario a medio y largo plazo. Entre otras cosas, muchos países esperaban que ese pacto contribuyera a vencer la actitud intransigente del BCE, algo que finalmente ocurrió en el verano de 2012. Por tanto, lo que en realidad hizo España en septiembre de 2011 fue “adelantarse” al cumplimiento de este pacto europeo, con la esperanza de que los mercados financieros le fueran a dar un respiro a dos meses vista de unas elecciones y un cambio de gobierno.

La zona euro ya había tenido reglas fiscales, como el tope del 60% de la Deuda Pública para ser país miembro o el Pacto de Estabilidad y Crecimiento, que limitaba el déficit público al 3% del PIB. Unas reglas que habían saltado por los aires en todos los países por la magnitud y duración de la crisis financiera global, convertida después en una crisis de deuda soberana de la zona euro. Por ello era necesario renovar esas reglas fiscales y ganar la complicidad del BCE en la defensa de la existencia del euro.

Entre los eslóganes políticos derivados de esa ausencia de debate queremos resaltar los más llamativos:

“La reforma del 135 pone en riesgo el Estado del Bienestar “

Todo lo contrario. El Estado del Bienestar es uno de los grandes logros del siglo pasado y lo que hay que buscar son fórmulas no sólo para preservarlo, sino para ampliarlo, hacerlo cada vez más efectivo, más eficiente, más duradero. La sostenibilidad financiera del mismo es una condición necesaria para lograr ese objetivo. Porque hay una verdad difícilmente rebatible, y es que el Estado del Bienestar se desmoronará en el momento en que no podamos pagarlo.

“La reforma del 135 es de derechas”.

En absoluto. La búsqueda de la solidaridad y la igualdad entre los ciudadanos no sólo se aplica a la inmediatez del corto plazo, sino pensando en el largo plazo. Por tanto, no tiene nada de progresista dejar a las generaciones futuras cargadas de deuda pública.

Queremos igualdad de oportunidades para los jóvenes, sin importar las circunstancias en que hayan nacido. Queremos que los jubilados tengan una pensión que les permita vivir dignamente. Queremos que los dependientes y sus familiares no sean abandonados a su suerte. Y queremos que esto sea posible no sólo hoy, no sólo ahora, sino de modo sostenible a medio y largo plazo.

Éste no es un dilema nuevo. Lo hemos visto en otros países, como por ejemplo la Suecia de comienzos de los años treinta. Gobernaban entonces los socialdemócratas en mitad de una crisis económica y había déficit en las cuentas públicas. En los presupuestos de 1933 se incluyó un anexo, escrito por Gunnar Myrdal, que venía a decir que en situaciones de crisis habría déficit, causado por la evolución cíclica de la economía, pero que sería compensado en épocas de bonanza por un superávit que permitiera hacer frente a esos gastos extra durante las vacas flacas. Esto es lo que se entiende por “estabilidad presupuestaria a lo largo del ciclo” o lo que es lo mismo, establecer un límite al déficit estructural.

“La reforma del 135 establece el déficit cero para siempre”.

Falso. Establece un límite al déficit estructural. Y también establece la estabilidad presupuestaria a lo largo del ciclo, pero no  periodo a periodo como, por cierto, erróneamente defendía el PP en 2000.

“La reforma del 135 limita la capacidad de maniobra de la política fiscal”.

No es cierto en el corto plazo. Establecer un límite al “déficit estructural” otorga más flexibilidad en caso de una grave recesión que establecer un límite al déficit a secas. Porque un “déficit estructural” del 0,5% es compatible con un déficit del 5 ó 6% en caso de una recesión que genere un fuerte déficit público.

“La reforma del 135 es la causante de los recortes sociales”.

Falso. Los recortes en gasto social no tienen nada que ver con estabilidad presupuestaria, son sólo recortes. Las coberturas del Estado serán tan generosas como decidamos políticamente, pero debemos ser coherentes y asignar los recursos necesarios para pagarlos ahora y dentro de cincuenta años. Además, si la estabilidad presupuestaria genera credibilidad internacional, los acreedores estarán más dispuestos a financiarnos y a un coste menor, lo que favorecerá que se eviten unos recortes sociales que serían ineludibles.

“La reforma del 135 impide el impago de la deuda”

No es correcto. Afortunadamente eso ya lo impedía la Constitución de 1978 en su redacción original. Suponemos que nadie en su sano juicio quiera cambiar eso. Otra cosa es la restructuración ordenada y parcial de la deuda privada que, siguiendo las directrices del FMI pueda implementarse en algunos casos.

“La reforma del 135 supone un corsé para la Deuda Pública”.

Esta frase debe ser una broma. Desde que se aprobó la reforma, el ratio de Deuda Pública ha pasado del 70% al 100% del PIB. Un record de deuda y un récord de aumento de dicha Deuda. No queremos ni imaginarnos lo que hubiera ocurrido sin dicho “corsé”.

El PSOE ha vuelto a sorprender, esta vez al renegar de una reforma que su propio grupo propuso y votó hace 3 años.  Las buenas noticias son que, pese a los 3 años de retraso el debate finalmente se ha abierto. Las malas noticias son que, al calificar la reforma de “error”, ello no abre el debate, sino que lo cierra.

Miguel Sebastian

Javier Vallés

Ariane Aumaitre

Carlos Ladrón de Guevara

y otros 13 miembros del colectivo “Socialismo es Libertad”:

Francisco Carrillo

Daniel Díaz

Javier Doblador

Víctor Gómez-Frías

Marina Muñoz

Javier Payo

Luis Guillermo de Pablos

Manuel Lobo

Aurora Nacarino-Brabo

Pau Regañas

Emilio Rodríguez

José Rodríguez

Roger Senserrich,

Además, se suman:

Jimena García-Pardo

Alonso de Ojeda

Categories: economia