Tal y
como narra el propio José Luis Rodríguez Zapatero en su libro “El Dilema”, a finales de agosto de 2011,
en medio de un debate parlamentario de convalidación de uno de los múltiples
reales decreto-leyes aprobados ese año, el Presidente del Gobierno sorprendió a
la Cámara proponiendo incorporar a la Constitución la conocida como “regla de
oro fiscal” para garantizar la estabilidad presupuestaria a medio y largo
plazo, en relación tanto con el déficit estructural como con la deuda pública,
y vinculando a todas las Administraciones Públicas. El 27 de Septiembre de ese
mismo año se aprobó la reforma del artículo 135 de la Constitución de 1978, la
segunda reforma de nuestra Carta Magna en sus casi 26 años de Historia.
Los firmantes
de este artículo, pese a ser militantes o simpatizantes del PSOE, no
compartimos el procedimiento de aprobación que se eligió, posiblemente
demasiado rápido, aunque entendemos que las circunstancias que vivía nuestro
país en esas fechas, sometido al vapuleo de los mercados ante la entonces
pasividad del Banco Central Europeo (BCE), no daba mucho margen para un
procedimiento más pausado y con una mayor participación ciudadana. También
echamos de menos que en ese momento no hubiera habido un debate más en profundidad
sobre lo que significaba esa reforma. La ausencia de dicho debate ha llenado
los medios y las redes de “eslóganes” políticos que no aguantan un mínimo
análisis de rigor. Pero no compartir el procedimiento no quiere decir que no
compartamos el contenido básico de esa reforma y la necesidad de mantenerla tal
cual se aprobó.
Porque,
para empezar, España no estaba haciendo nada especialmente distinto a lo que
harían el resto de los países europeos unos meses después. En marzo de 2011,
cuando empezaba a quedar claro que se estaba avecinando un enorme tsunami que
podría dar al traste con la joven unión monetaria, los países de la zona euro decidieron
aprobar el “fiscal compact”, es decir, el compromiso de unas reglas de
equilibrio presupuestario a medio y largo plazo. Entre otras cosas, muchos
países esperaban que ese pacto contribuyera a vencer la actitud intransigente
del BCE, algo que finalmente ocurrió en el verano de 2012. Por tanto, lo que en
realidad hizo España en septiembre de 2011 fue “adelantarse” al cumplimiento de
este pacto europeo, con la esperanza de que los mercados financieros le fueran
a dar un respiro a dos meses vista de unas elecciones y un cambio de gobierno.
La
zona euro ya había tenido reglas fiscales, como el tope del 60% de la Deuda
Pública para ser país miembro o el Pacto de Estabilidad y Crecimiento, que
limitaba el déficit público al 3% del PIB. Unas reglas que habían saltado por
los aires en todos los países por la magnitud y duración de la crisis
financiera global, convertida después en una crisis de deuda soberana de la
zona euro. Por ello era necesario renovar esas reglas fiscales y ganar la
complicidad del BCE en la defensa de la existencia del euro.
Entre los eslóganes
políticos derivados de esa ausencia de debate queremos resaltar los más
llamativos:
“La reforma del 135 pone en riesgo el Estado del Bienestar “
Todo lo contrario. El
Estado del Bienestar es uno de los grandes logros del siglo pasado y lo que hay
que buscar son fórmulas no sólo para preservarlo, sino para ampliarlo, hacerlo
cada vez más efectivo, más eficiente, más duradero. La sostenibilidad
financiera del mismo es una condición necesaria para lograr ese objetivo.
Porque hay una verdad difícilmente rebatible, y es que el Estado del Bienestar
se desmoronará en el momento en que no podamos pagarlo.
“La reforma del 135 es de derechas”.
En absoluto. La
búsqueda de la solidaridad y la igualdad entre los ciudadanos no sólo se aplica
a la inmediatez del corto plazo, sino pensando en el largo plazo. Por tanto, no
tiene nada de progresista dejar a las generaciones futuras cargadas de deuda
pública.
Queremos igualdad de
oportunidades para los jóvenes, sin importar las circunstancias en que hayan
nacido. Queremos que los jubilados tengan una pensión que les permita vivir
dignamente. Queremos que los dependientes y sus familiares no sean abandonados
a su suerte. Y queremos que esto sea posible no sólo hoy, no sólo ahora, sino
de modo sostenible a medio y largo plazo.
Éste no es un dilema
nuevo. Lo hemos visto en otros países, como por ejemplo la Suecia de comienzos
de los años treinta. Gobernaban entonces los socialdemócratas en mitad de una
crisis económica y había déficit en las cuentas públicas. En los presupuestos
de 1933 se incluyó un anexo, escrito por Gunnar Myrdal, que venía a decir que
en situaciones de crisis habría déficit, causado por la evolución cíclica de la
economía, pero que sería compensado en épocas de bonanza por un superávit que
permitiera hacer frente a esos gastos extra durante las vacas flacas. Esto es
lo que se entiende por “estabilidad presupuestaria a lo largo del ciclo” o lo
que es lo mismo, establecer un límite al déficit estructural.
“La reforma del 135 establece el déficit cero para siempre”.
Falso. Establece un
límite al déficit estructural. Y también establece la estabilidad
presupuestaria a lo largo del ciclo, pero no
periodo a periodo como, por cierto, erróneamente defendía el PP en 2000.
“La reforma del 135 limita la capacidad de maniobra de la
política fiscal”.
No es cierto en el
corto plazo. Establecer un límite al “déficit estructural” otorga más
flexibilidad en caso de una grave recesión que establecer un límite al déficit
a secas. Porque un “déficit estructural” del 0,5% es compatible con un déficit
del 5 ó 6% en caso de una recesión que genere un fuerte déficit público.
“La reforma del 135 es la causante de los recortes sociales”.
Falso. Los recortes en
gasto social no tienen nada que ver con estabilidad presupuestaria, son sólo
recortes. Las coberturas del Estado serán tan generosas como decidamos
políticamente, pero debemos ser coherentes y asignar los recursos necesarios
para pagarlos ahora y dentro de cincuenta años. Además, si la estabilidad
presupuestaria genera credibilidad internacional, los acreedores estarán más
dispuestos a financiarnos y a un coste menor, lo que favorecerá que se eviten
unos recortes sociales que serían ineludibles.
“La reforma del 135 impide el impago de la deuda”
No es correcto.
Afortunadamente eso ya lo impedía la Constitución de 1978 en su redacción
original. Suponemos que nadie en su sano juicio quiera cambiar eso. Otra cosa
es la restructuración ordenada y parcial de la deuda privada que, siguiendo las
directrices del FMI pueda implementarse en algunos casos.
“La reforma del 135 supone un corsé para la Deuda Pública”.
Esta frase debe ser
una broma. Desde que se aprobó la reforma, el ratio de Deuda Pública ha pasado
del 70% al 100% del PIB. Un record de deuda y un récord de aumento de dicha
Deuda. No queremos ni imaginarnos lo que hubiera ocurrido sin dicho “corsé”.
El PSOE ha vuelto a
sorprender, esta vez al renegar de una reforma que su propio grupo propuso y
votó hace 3 años. Las buenas noticias
son que, pese a los 3 años de retraso el debate finalmente se ha abierto. Las
malas noticias son que, al calificar la reforma de “error”, ello no abre el
debate, sino que lo cierra.
Miguel Sebastian
Javier Vallés
Ariane Aumaitre
Carlos Ladrón de
Guevara
y otros 13 miembros
del colectivo “Socialismo es Libertad”:
Francisco Carrillo
Daniel Díaz
Javier Doblador
Víctor Gómez-Frías
Marina Muñoz
Javier Payo
Luis Guillermo de
Pablos
Manuel Lobo
Aurora Nacarino-Brabo
Pau Regañas
Emilio Rodríguez
José Rodríguez
Roger Senserrich,
Además, se suman:
Jimena García-Pardo
Alonso de Ojeda
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