Presupuestos 2016: electoralistas, irreales, irresponsables, ineficientes y, sobre todo, injustos.

El anterior gobierno adelantó las elecciones para que el gobierno surgido de las urnas pudiera elaborar su propio presupuesto, en un ejercicio de respeto al funcionamiento democratico y pensando en el bien de España. 

Por el contrario, este gobierno ha elaborado deprisa y corriendo unos presupuestos, con fines partidistas y electoralistas, e hipotecando al gobierno que surja de la voluntad popular. Se trata, por tanto, de un ejercicio poco respetuoso con los procedimientos democráticos y con el interés general. 

Se trata de unos presupuestos que pretenden ‘comprar voluntades’ y ‘votos’ de cara a las próximas elecciones generales, con guiños oportunistas a colectivos maltratados por este gobierno, como son los funcionarios y los pensionistas. 

La mejor muestra de que son unos presupuestos electoralistas es que no toman en consideración el modelo económico que se quiere para el país. Son unos presupuestos que carecen del menor criterio de política económica. No contribuyen a cambiar el modelo productivo. Por el contrario, plantean una política fiscal procíclica, que amplifica los efectos del ciclo y que perjudica a los más desfavorecidos. Cabe recordar que el Gobierno subió los impuestos y redujo el gasto social en la parte baja del ciclo y ahora, cuando la economía está en fase de crecimiento, baja los impuestos fundamentalmente a las rentas más altas. 

Ya los presupuestos del 2015 se habían evidenciado como fantasiosos: los ingresos por cotizaciones sociales se preveía que crecieran al 8% y lo están haciendo al 1,3% en lo que va de año; una fantasía que se amplía en 2016, pues prevén un crecimiento del 7%, adicional sobre ese 8% de 2015. Esto supone que en 2016 solo se recaudará el 90% de lo presupuestado como cotizaciones a la Seguridad Social, lo que implicará un desfase adicional no previsto de 12.000 millones de euros, que se tendrá que cubrir con el Fondo de Reserva de la Seguridad Social. Cabe recordar que Rajoy ha gastado 30.000 millones del fondo de reserva, más del 40% del fondo dejado por Zapatero como herencia. 

Con esta fantasía de ingresos, el PP en realidad está ocultando los recortes adicionales de gasto que tiene planificados. Porque es importante señalar que el PP no ha explicado a la opinión pública los ajustes concretos que, tanto el Programa de Estabilidad para el periodo 2015-2018 como el Presupuesto para 2016, contienen. Por ejemplo, en materia de personal. De hecho, plantean una reducción del consumo público del 2,2% del PIB para el periodo 2014-2018, que solo es posible con fuertes recortes en los principales servicios públicos. Cabe señalar que desde 1995 hasta 2013, el consumo público solo se redujo entre 2011 y 2014 y, para ello, como todos los ciudadanos conocen, porque lo sufrieron, fueron necesarios importantes recortes en Sanidad, Educación, Protección Social, etc. 

Los presupuestos de 2016 prevén subidas de ingresos y reducción de gastos, sobre todo de la cobertura del paro, pero no fundamentalmente porque haya más gente con empleo, sino porque los parados no tendrán derecho a más prestación. En concreto, para 2016 dicho gasto ascenderá a 19.500 millones de euros, presuntamente, según el presupuesto, "porque hay menos parados". Sin embargo, la verdadera razón es otra. Porque, con aproximadamente los mismos parados, en 2011 se destinaban al desempleo 30.500 millones de euros. Lo que sucede realmente es que sigue cayendo la cobertura por desempleo, que ya en 2015 se sitúa solo ligeramente por encima del 50%, su mínimo histórico. Es decir, uno de cada dos parados ya no tiene prestación por desempleo, y el Gobierno anuncia que se van a seguir reduciendo dicha cobertura en 2016. 

Una política fiscal irresponsable. Con un déficit público cercano al 6% y una deuda pública en torno al 100% del PIB, es una irresponsabilidad terminar la legislatura adelantando parte de la reforma del IRPF (que debía entrar en vigor en 2016) y que supone un regalo de 1.500 millones de euros, fundamentalmente, a las rentas más altas, poniendo en riesgo con ello la financiación de las políticas de cohesión social. 

La deuda pública sigue disparándose por encima del 98% de nuestro PIB. Aunque el PP presume de haber corregido el déficit público y de haber estabilizado nuestra cuentas, la realidad es otra. España es el segundo país desarrollado con un mayor nivel de déficit público a cierre de 2014 (del 5,8% del PIB frente al promedio del 2% del PIB de los 34 países de la OCDE). De continuar con la tendencia actual, el próximo Gobierno heredará una deuda pública de 1,1 billones de euros, lo que supone 350.000 millones de euros más que a principio de legislatura. Si al cierre de 2011 la deuda por habitante era de 15.756 euros, terminaremos 2015 con una deuda per cápita de 23.519 euros, lo que supone un 50% más en tan solo cuatro años. Y no les parece poco, puesto que para 2016 prevén un incremento neto de deuda, sólo en el Estado, de 50.000 millones de euros. 

En cuanto al déficit previsto, todos los analistas auguran que no se cumplirán las previsiones de 2016 por las CCAA y la Seguridad Social. En este punto hay que destacar los continuos Incumplimientos de los objetivos de estabilidad. Desde 2011 todos los años se ha incumplido el objetivo de estabilidad presupuestaria por la mayor parte de las administraciones (a pesar de las prórrogas concedidas por parte de la Comisión Europea). De hecho, el comportamiento reciente de la Administración central no resulta ser ejemplarizante, pues esta administración incumplió incluso la regla de gasto en 2014. 

En cuanto al modelo productivo, continúa el recorte en el gasto de infraestructuras reduciéndose más de un 2% respecto a 2015. Cabe mencionar que la reducción del gasto público desde 2011 hasta 2014 se ha apoyado, principalmente, en la caída de la inversión pública, lo que está deteriorando notablemente nuestro stock público de capital y, por tanto, nuestro crecimiento potencial. No se trata de hacer nuevas infraestructuras faraónicas, sino un plan de mantenimiento de las ya existentes, algunas de las cuales sufren un deterioro notable, perjudicando la productividad. La inversion en mantenimiento, además, es muy intensiva en empleo y sirve de apoyo a pequeñas y medianas empresas. Por el contrario, con estos presupuestos, el gobierno del PP no sólo no prevé la recuperación del terreno perdido durante la actual legislatura sino que reduce si cabe aún más la inversión en infraestructuras, lo que demuestra la ausencia de compromiso con el cambio de modelo productivo. 

Pero la mejor muestra de que el presupuesto de 2016 ignora el modelo productivo es el exiguo crecimiento del 2% de la I+D+i civil. Con este ritmo necesitaríamos más de 50 años en recuperar todo el terreno perdido en esta legislatura. Tampoco se apoya a la industria (el capítulo de industria y energía se reduce un 9,5%) ni la modernización de la oferta turística (el presupuesto en turismo aumenta un ridículo 1,9%) lo que demuestra claramente que el único modelo productivo en el que se sabe desenvolver el PP es el ladrillo. 

Finalmente, son unos presupuestos injustos porque la desigualdad sigue aumentado en España por las políticas del PP. Después de haber subido los impuestos en más de 20 mil millones de euros a las clases medias, el Gobierno ha aprobado una reforma fiscal con un coste para las arcas públicas de 6 mil millones de euros. Cerca del 50% de esta bajada de impuestos (2.600 millones de euros) va destinada al 10% que más gana. Por otra parte, el 1% de contribuyentes con mayor renta (aproximadamente 200.000 personas) se beneficia más de esta reforma que el 50% de contribuyentes que menos ganan, y que representan a un colectivo de 10 millones de personas. Por tanto, esta política fiscal aumenta la desigualdad en nuestra sociedad. En contraposición, la propuesta del PSOE del ingreso mínimo vital, tiene entre sus prioridades el 10% con menos renta, que son los ciudadanos que precisamente peor lo están pasando. 

Aunque las pensiones mejoren un 0,25%, lo mínimo establecido por ley, la inflación prevista para el próximo año del 1,3% dejará sin efecto esta subida en términos reales. Continua la caída del gasto social. El peso del gasto social en el conjunto del presupuesto consolidado fue del 58% en 2011, se reduce al 54% en 2015 y se sitúa en el 53, 5% en 2016. Esta caida en el peso respecto a 2011 supone casi 10.000 millones de euros.

En conclusión, se trata de unos Presupuestos electoralistas, irrealistas, irresponsables, ineficientes e injustos. Y que ignoran que la madurez política de los españoles y su grado de conocimiento de la realidad económica están muy por encima de lo que el PP pretende con estos cambalaches electoralistas.

Miguel Sebatián

Carlos Ocaña

Manuel Diaz

Categories: economia

Zapatero: se reabre la veda

Han bastado unas declaraciones del Expresidente José Luis Rodríguez Zapatero sobre los asuntos internos del PSOE y un par de viajes al extranjero para que se reabra la veda. Es pieza de caza mayor y los tiradores se disputan el trofeo.

La caza de Zapatero empezó en 2004. Al principio, se creyeron que era una presa fácil, como un bambi, y que en poco tiempo acabarían con él. Pero resultó más huidizo y astuto de lo que ellos se imaginaban: no pudieron dar cumplida cuenta de la cacería hasta 2011. Muchos pensamos que después de 2011 se había extinguido la especie Zapatero, sobre todo durante la secretaría general de Alfredo Pérez Rubalcaba, quien hizo cuanto estuvo en su mano para borrar la huella de su predecesor, pero resulta que Zapatero seguía vivo. Ahora que ha asomado la cabeza, los cazadores, tan nerviosos como entonces, quieren  volver a abatirlo.

Se ha organizado una buena montería. Los perros sabuesos de la derecha lo persiguen, mientras los señoritos de El País, situados en los mejores puestos, esperan cómodamente que se ponga a tiro.

No sólo se han lanzado insinuaciones acerca de una presunta actividad lobista sobre la que nadie ha sido capaz de aportar un solo dato hasta el momento, sino que se han desempolvado los más gastados tópicos y se ha vuelto a hacer mofa de las hijas del ex presidente (qué cachondos somos en España). Felix de Azúa merece mención de honor: hace poco escribió un artículo en el que asumía como propia una de las consignas que con mayor entusiasmo utilizó la derecha rancia, la de que Zapatero ha sido el peor gobernante español desde Fernando VII. A los pocos días El País publicaba una carta al director de un lector irritado que corregía al frívolo Azúa, apuntando que Zapatero había sido aún peor que Fernando VII.

Puede que no esté de más recordar algunos datos básicos a  la luz de esta nueva avalancha de juicios sumarios sobre el expresidente y su gestión. No creo que mi opinión vaya a tener eco alguno, pero me siento obligado a intentarlo.

Pasados cuatro años de la derrota electoral del PSOE, no se ha descubierto ningún episodio de corrupción o abuso de poder en los Gobiernos de Zapatero. No creo que pueda decirse lo mismo de los Gobiernos de Felipe González, José María Aznar o Mariano Rajoy.

Zapatero ha sido el presidente más escrupuloso en el respeto de los procedimientos democráticos. Cumplió siempre las reglas y garantizó la independencia de los medios públicos de comunicación (a diferencia de Felipe González, José María Aznar y Mariano Rajoy).

Zapatero acabó con ETA sin hacer concesiones. Gracias al proceso de paz que impulsó, dejó claro en el País Vasco que el principal obstáculo para la paz era ETA y no el Estado, generando así los incentivos para que Batasuna rompiera con la organización terrorista y presionara a favor del fin de la violencia.

Zapatero sacó las tropas de Irak, corrigiendo el mayor error de la política exterior española en el periodo democrático. Además, incrementó la ayuda a la cooperación como nunca se había hecho antes en nuestro país.

Zapatero puso en práctica una reforma ambiciosa de los derechos civiles y sociales. Hizo posible el matrimonio homosexual, aprobó una Ley de igualdad, estableció el cuarto pilar del Estado del bienestar (la Ley de dependencia), preparó una Ley de plazos del aborto y reformó el divorcio. También regularizó a los inmigrantes que estaban sin papeles. Y, si bien muchos lo consideran una cuestión menor, el Gobierno socialista acabó con el humo del tabaco en los centros de trabajo y en los locales públicos.

Zapatero, gracias en buena medida a la presión de sus socios parlamentarios de izquierda (IU y ERC), se atrevió a legislar, por primera vez en la historia de la democracia española, sobre la memoria histórica, intentando corregir el desequilibrio entre las víctimas de los bandos de la Guerra Civil, así como garantizar un mínimo reconocimiento a las víctimas de la represión franquista.

Por supuesto, no todo fue positivo en la tarea de Gobierno. A Zapatero se le pueden reprochar también muchas omisiones. Pondré tres ejemplos entre otros muchos posibles: no aprobó una Ley de transparencia que ya estaba preparada y que se quedó en un cajón; suprimió demasiado tarde la desgravación fiscal de las hipotecas, que tanto contribuyó a la burbuja inmobiliaria; y no aprobó nunca, ni siquiera tras el hundimiento de los ingresos por el impuesto de sociedades, una reforma fiscal ambiciosa. Su gestión de la crisis fue muy controvertida y yo mismo he escrito páginas muy críticas con la misma. Y, quizá, su mayor irresponsabilidad fuera dejar el partido en manos de Rubalcaba, un excelente ministro y número dos que, sin embargo, como número uno no supo impulsar la renovación que el PSOE necesitaba, según quedó reflejado en las peores valoraciones públicas que ha tenido nunca el líder de la oposición en España y en los peores resultados electorales del partido socialista desde la muerte de Franco.

De todo esto deberíamos debatir, aunque no se hace. Ni siquiera en el PSOE ha habido un debate abierto y franco sobre el legado de Zapatero. Lo que resulta ridículo, a la vista de su trayectoria, es ese desdén indisimulado con el que periodistas y analistas escriben sobre su figura, especialmente cuando recordamos que es el presidente más limpio que ha tenido la democracia española. Su liderazgo nunca encajó bien en nuestra cultura política, tan masculina, que espera del gobernante una exhibición de poder y prepotencia, con opiniones rotundas y siempre dispuesto a pasar por encima de lo que sea para conseguir sus objetivos.

Ignacio Sánchez Cuenca

Categories: comunicación

En defensa de la objetividad

Desde que comencé mi trabajo como Secretario de Estado de Comunicación me he preguntado siempre por la controvertida y complicada relación entre política y prensa, o mas particularmente entre gobierno y medios de comunicación.

Estoy convencido que aunque el poder político tiene la legitimidad democrática del pueblo, jamás debe contraponerse esta con la libertad de expresión, pues es esta última la que proporciona la garantía  de una mayor calidad democrática y la consecución de sociedades mas avanzadas en cohesión social.

Pero no me trae a estas páginas este apasionante debate,  que comenzó con las libertades y con ellas la de prensa, y del que existen multitud de testimonios mas  autorizados que el mío. De modo que en este delicado pero apasionante asunto, estoy y estaré mas dispuesto a aprender que a enseñar.

No. No es esto lo que me ha animado a escribir esta líneas sino la preocupación que me aborda cuando veo algunas deformidades que se han asentado en nuestro país por  actitudes periodísticas que no han sabido autoexigirse el mismo nivel de exigencia que requieren.

Déjenme, antes de ir a ello, contextualizar mis reflexiones con mis primeros días en Moncloa y de la  unánime opinión que se me transmitía entonces: la responsabilidad  en comunicación era la que mas quemaba a un político. Ojo!, unanimidad inédita entre políticos y periodistas. Y es verdad; pero sólo a medias.

La mitad de verdad tiene que ver con la gestión de la información  durante las 24 horas del día de los siete días de la semana, con poco tiempo para pensar y teniendo la demanda permanente de responder en cada momento a cada cuestión.

Sólo con el rozamiento que provoca esta acelerada  actividad es suficiente para terminar afectando a tu energía disponible. Digamos que esta sería la “verdad física”  de la gestión de una Secretaría de Estado de Comunicación. Es transversal a partidos y momentos históricos. Recuérdenlo cuando escuchen  con ocasión de una crisis de  gobierno, que este siempre la achaca invariablemente a un problema de comunicación. Nada despierta mas unanimidad, salvo la del secretario de Estado.

La otra verdad, la política, tiene que ver con las convicciones y el ideario político que intentas desarrollar, y ambos no pueden valorarse desde una perspectiva personal sino colectiva. Y la gestión del Presidente Zapatero en materia de medios de comunicación públicos fue modélica en nuestro país.

Una TVE desgubernamentalizada llevó sus informativos al liderazgo de audiencia de todas las televisiones. La supresión de la publicidad institucional, que venía siendo utilizada en el pasado como aparato de agitación y propaganda progubernamental, dio a los ciudadanos la libertad de pensar sin ensuciar su raciocinio. Pioneras fueron también las conferencias de prensa “rio” donde el Presidente contestaba a todas las preguntas que se le formulaban o el programa “Tengo una pregunta para usted” que Zapatero inauguró contestando a las preguntas de los ciudadanos.

La profesión periodística, tampoco dada a halagar acciones de gobierno, hoy es, salvo la caverna, unánime en el reconocimiento de aquella labor.

Y esta realidad,  que pertenece a Zapatero y sus equipos, es la que en estos momentos estamos perdiendo a chorros. Aseveración que vuelve a demostrar que los derechos ciudadanos, en este caso a una información veraz e independiente, no son inmutables y que su permanencia exige renovados compromisos políticos.

La  primera legislatura, denominada por varios autores como la legislatura de los derechos civiles, ha sido literalmente sepultada de la información publicada desde que  nuestro país se adentro en la crisis económica mundial.

La lógica preocupación social de los efectos de la crisis económica y sus devastadoras consecuencias sociales, dominaban toda la información periodística. Pero para entonces ya se había fabricado un chivo expiatorio. Zapatero era el responsable de todo y a ello contribuyó una de las campañas mas incisivas y descalificadoras en democracia contra un Presidente del Gobierno junto al equivocado silencio propio que veía a Zapatero como un lastre electoral.

Hoy, ya pasados tres años de aquellas elecciones que dieron la mayoría absoluta al PP, me resulta digno de análisis psicológico la permanencia de esta lógica en algunos medios y en el propio PP.

El reciente debate del Estado de la Nación ha demostrado quien ha demolido la herencia recibida y quien puede recuperarla. La controversia sobre el rescate bancario a España puso en evidencia quien necesita mentir para mantener su posición contra Zapatero y quien, con simples fotocopias de periódicos, desenmascara al verdadero responsable de las visitas de la troika a España. Mas debería hacerse en este sentido, pues el patrimonio de los dos Presidentes socialistas, González y Zapatero, no les pertenece solo a ellos sino al conjunto de socialistas españoles.

Pero me resulta mas penosa la permanente descalificación editorial del que todavía es un periódico de referencia para muchos militantes socialistas, cómo es El País. Y lo expreso con el anhelo de que esta situación se modifique y de que no me enfrento a un imposible.

Reconozco que hablar de un medio de comunicación es una tarea delicada pero he decidido hacerlo en el mismo periódico pues no hubiera sido elegante hacerlo en la competencia, aunque sí mas fácil.

Me refiero al reciente conflicto con el Gobierno ocasionado por la visita del Presidente Zapatero y Miguel Angel Moratinos a Cuba.

Las declaraciones del Ministro de Exteriores Sr. Margallo me parecen totalmente fuera de lugar. Doy por comprobados los hechos que demuestran que el Gobierno estaba cumplidamente informado de esa visita y que la ausencia de notificación de la agenda se debe mas al Gobierno cubano, como bien saben todas las cancillerías europeas con relaciones con ese gobierno, que a un presunto intento de ocultar información. Además, el buen hacer de la diplomacia hubiera recomendado una llamada privada del Ministro y no las declaraciones escandalosas,  si se tenían esas dudas. Por ello, aunque es razonable que no se hurgue mas en el asunto, veo mas problemas de celotipia que políticos en la citada declaración del Sr. Margallo.

¡Ay! cuantos problemas  políticos tiene todavía España derivados de la vanidad, los celos  y la envidia nacionales.

Lo que me resulta completamente inadmisible es la afirmación editorial de El País al calificar cómo ”vacuas y pueriles” las palabras del Presidente Zapatero cuando afirma que “siempre he tratado de sumar y de actuar por el interés de España”. Es que acaso no recordamos cuando se vio obligado a defender a Aznar en la cumbre iberoamericana del 2007 mientras Chaves arremetía contra él. ¿Puede alguien encontrar mas diferencias políticas e incluso vitales entre Aznar y Zapatero cómo para achacar a este último que es vacuo y pueril su interés por defender a España?.

¿ Es que alguien recuerda que Zapatero haya hecho en alguna ocasión algo remotamente parecido a una crítica en el exterior al Gobierno de España? ¡No las ha hecho ni dentro de nuestro país! ... Ni siquiera en defensa propia frente a un Gobierno que ha construido el 80 por ciento de su relato político sobre la descalificación sin réplica a la herencia recibida'.

Pero me produce aún mas bochorno el leer en un suelto bajo el epígrafe “Análisis” “Lobistas en la Habana”, donde por el uso del plural (lobistas) se le achaca al Presidente Zapatero un interés económico personal en su visita a la Habana. El que se haga además dentro de una sección de análisis, es completamente desalentador.

Si a continuación se le exige un discreto segundo plano del que no debe de salir, ¿Por qué esta exigencia es individual y no colectiva como debería ser para todos los ex presidentes?. No creo en la teoría de los jarrones chinos, pues su experiencia es demasiado valiosa como para dilapidarla por razones de coyuntura. Este país desecha mucho valor añadido  político con demasiada frecuencia.

Insisto, por encima de la libre apreciación que tengamos sobre las actuaciones públicas de nuestros representantes políticos y mas de un ex Presidente, opinar sobre ellas nos  debe de exigir tanto como exigimos nosotros de las mismas.

Si no lo hacemos así se impondrá una especie de tertulianización continua de la política sin que prevalezcan análisis sosegados y rigurosos. Y todavía peor, se pondrá en tela de juicio la imparcialidad debida de todos los medios de comunicación.

Fernando Moraleda

Ex Secretario de Estado de Comunicación

Categories: comunicación

Recuperación y Propaganda

Desde 1980 hasta 2014 la economía española creció en promedio un 2,2% anual en términos reales. Parece haber un consenso generalizado en que nuestra economía crecerá en torno al 2,5% este año 2015. La Comisión Europea apunta al 2,3% y el Gobierno revisará al alza el próximo mes de abril su ya obsoleta previsión del 2%. Es decir, en 2015 nuestra economía va a tener, por primera vez en 8 años, un crecimiento superior al “tendencial” (en 2007 el PIB real creció un 3,8% y en 2008 apenas un 1,1%). Si a eso le sumamos que la economía lleva 6 trimestres consecutivos con crecimiento positivo, es difícil no concluir que la economía española, en efecto, “está en una fase de recuperación”. Entonces, ¿por qué la población en general no lo percibe así? Si acudimos al último barómetro del CIS, el 77% de los consultados cree que la situación económica general es “mala o muy mala” y el 84% opina que la situación económica actual del país es “igual o peor” que hace un año. ¿Cómo es posible que esos buenos datos macroeconómicos no sean percibidos por la inmensa mayoría de la población? Hay dos posibles explicaciones. Una de ellas es que la recuperación sólo afecta a una minoría de ciudadanos. Este argumento no parece muy plausible porque los agregados macroeconómicos son precisamente eso: agregados. Y, por construcción, recogen el comportamiento de los agentes económicos en su conjunto (consumo, renta, empleo, inversión, etc.). ¿Cómo puede el Consumo privado agregado crecer sin que crezcan las compras de bienes y servicios de una buena parte de las familias españolas? Así pues, la explicación a la paradoja anterior hay que buscarla en otro lado. Creo que se explica porque a la población en general no le preocupan las “tasas de crecimiento” de las variables macroeconómicas sino los “niveles” de dichas variables: Y que solamente notarán la “mejoría” cuando esos agregados macroeconómicos recuperen un cierto nivel. Si el lector se fija en las primeras líneas de este artículo, notará que sólo se habla de tasas de crecimiento. Ni un solo nivel. Y esa es la tónica de prácticamente toda la información económica que se maneja en los medios, en las tertulias y por parte de casi todos los analistas y economistas. Las tasas de crecimiento están bien para anticipar movimientos o cambios de tendencia. Pero, la gente no vive de las tasas de crecimiento, sino de los niveles. Y cuando hablamos de la economía en términos de niveles, el panorama no es tan halagüeño como el de la economía en términos de tasas de variación.

Pongamos, por ejemplo, el caso de la variable económica por excelencia: el Producto Interior Bruto (PIB) expresado en términos reales o a precios constantes, que es una aproximación de la Renta Nacional de un país. Tomando como base un índice con base 100 en 2010, dicho PIB real alcanzó un máximo en el segundo trimestre de 2008 con un valor de 104,4. A partir de entonces, cayó durante 6 trimestres consecutivos, creció durante todo el año 2010 (los famosos “brotes verdes”), volvió a caer a partir de 2011, y desde mediados de 2013 se vuelve a recuperar. En el último trimestre de 2014, y pese a los 6 trimestres consecutivos de recuperación, el PIB real ha alcanzado un nivel de 98,3. Es decir, un nivel de renta un 5,8% más bajo que el que había antes de que estallara la crisis. Esto implica que, incluso recuperando la tasa de crecimiento tendencial, tardaremos casi 3 años más en recuperar el nivel de renta real previo a la crisis, algo que sí “notaría” la gran mayoría de la población. Mas aún, suponiendo que la economía hubiera crecido a ese ritmo tendencial desde 2006, hoy estaríamos casi un 17% por debajo de la renta que nos correspondería de acuerdo con ese ritmo potencial o de largo plazo.

Cuando miramos los niveles y no las tasas de crecimiento el panorama económico es, por tanto, bien diferente. Entonces, si a la gente le preocupa los niveles y no las tasas, ¿por qué el Gobierno insiste en hablar sólo de las tasas, aun a costa de un grado de irritación notable de buena parte de la población? La respuesta aquí es más sencilla. Los resultados económicos de los 3 años de Gobierno de Rajoy no son nada favorables si se miden en niveles. Tomando como ejemplo una vez más el índice de PIB real, éste se encontraba en el cuarto trimestre de 2014 en 98,3. Y en el cuarto trimestre de 2011, cuando Zapatero dejó el Gobierno, se encontraba en 98,8. Es decir, tres años completos después, el Gobierno de Rajoy no ha logrado recuperar el nivel de PIB real que heredó de Zapatero. Con estos datos, que son públicos y que cualquiera puede comprobar inmediatamente en la página web del INE, resulta muy difícil validar la idea de “nos encontramos con una economía que era un desastre cuando llegamos y ahora le hemos dado la vuelta”. Porque esta frase es pura propaganda. La realidad es: “aun no hemos conseguido recuperar los niveles de Renta Nacional que heredamos hace tres años, y eso que prometimos que sería fácil hacerlo”. Algo parecido ocurre con la Producción Industrial, que está hoy 4 puntos por debajo del nivel de finales de 2011 (91 versus 95, en un índice base 100 en 2010).

Estamos en un año puramente electoral, con 4 convocatorias de elecciones en apenas 9 meses. Por tanto, estaremos sometidos a una continua campaña propagandística. Recuperación económica, sí, pero con elevadas dosis de propaganda política.

Además del PIB hay otros muchos ejemplos, tanto micro como macroeconómicos, de la economía real y financiera, donde ya se detecta la labor de ese equipo propagandístico. Pongamos sólo algunos de ellos, empezando por uno de tipo microeconómico.

Las exportaciones de automóviles.- Recientemente hemos conocido el cierre del ejercicio 2014, en el que las exportaciones de automóviles han alcanzado los 2 millones de unidades, con un crecimiento del 8% con respecto al año pasado. No he encontrado ni un solo medio que no haya hecho una valoración tremendamente positiva de este dato que, cuando se mide en tasas de crecimiento, es realmente espectacular. Incluso algún tertuliano se ha venido arriba diciendo que eso se debe “a la ganancia de competitividad por la reforma laboral”. El problema es que en el cierre del año 2011, último año de Zapatero, las exportaciones de automóviles alcanzaron los 2,1 millones de unidades, con un euro mucho más apreciado que ahora y antes de la reforma laboral.

El paro.- Si preguntáramos por la calle si el paro se ha reducido con el Gobierno de Rajoy, la respuesta sería mayoritariamente afirmativa. Pero la realidad de los datos dice otra cosa. Comparando una vez más los datos más recientes de la EPA (cuarto trimestre de 2014) con la EPA de finales de 2011 comprobamos que el número de parados es hoy mayor que entonces en 170.000 personas (5,46 versus 5,29 millones). Si nos ceñimos a los parados de larga duración, la situación es peor, dado que hay 710.000 parados más. Y si nos fijamos en la tasa de paro,  se encuentra más de un punto por encima (Zapatero la dejó en el 22,6% y ahora está en el 23,7%). Y la juvenil ha empeorado incluso más (49% versus 44%). También lo ha hecho la de los mayores de 50 años, que ha subido casi 3 puntos. Y el número de hogares con todos sus miembros en paro, que es hoy 144.000 hogares más elevado.

El empleo.- Aquí la comparación tampoco resulta muy favorable para el Gobierno de Rajoy. Hay 584.000 ocupados menos, se trabajan 177 millones de horas menos y los perceptores de renta (ocupados + parados con prestación) son un millón menos de los que había al acabar 2011. Finalmente, la tasa de “precariedad” (temporales + contratados a tiempo parcial) ha aumentado en 2 puntos (del 34 al 36%).

Empresas y libertad económica.- Desde finales de 2011 hasta 2014 el número de empresas se ha reducido en 71.000 según el DIRCE y en 36.000 según la Seguridad Social. En cuanto al Índice de Libertad Económica de la Heritage Foundation, en estos tres años hemos retrocedido 13 posiciones (del puesto 36 al 49), siendo superados por países como Perú, Jordania, Uruguay, Letonia y Botswana, entre otros.

En resumen, nos encontramos en un año electoral cuya propaganda nos empujará a fijarnos solo en las tasas de crecimiento de las macromagnitudes. Pero, si quieren hacerse una idea más acertada de la magnitud de la recuperación, no se les olvide mirar también los niveles. Y la comparación internacional. Pueden encontrarse con muchas sorpresas.

Miguel Sebatian

Universidad Complutense de Madrid.

Publicado en Nuevo Lunes, Especial 34 Aniversario
23 de Febrero de 1981

Link: Especial 34 Aniversario Nuevo Lunes

Categories: economia

El mediterráneo, ¿mar muerto o mar común?

He seguido como cualquier ciudadano mediterráneo con horror y espanto los últimos episodios vividos en aguas de nuestro “Mare Nostrum”.

Es indudable que todos coincidimos en que no podemos seguir como hasta ahora, esperando que la tormenta migratoria pase y cese la llegada de miles de muertos y desaparecidos a nuestras costas.

Aplaudo firmemente el Consejo Europeo Extraordinario celebrado en Bruselas para tratar la cuestión migratoria. Ya era hora. El anterior Primer Ministro italiano, Enrico Letta, lo propuso el pasado año, pero los dirigentes europeos pospusieron erróneamente dicho encuentro. Ahora ya no se puede retrasar más la urgente adopción de una política europea de inmigración que aplique políticas migratorias coherentes y trate los flujos de inmigrantes de una manera más valiente y humana.

Por eso, se ha constatado con sorpresa e insatisfacción que el tipo de medidas y el enfoque que los líderes europeos quieren proponer, no incluyen medidas diplomáticas y humanitarias de mayor calado para erradicar este gravísimo desafío y solo se barajen medidas de carácter defensivo y de orden de política interior. Todas las propuestas se concentran en ampliar las medidas de control, reforzar las misiones de vigilancia marítima, lucha contra las redes de traficantes, reforzar programas de retorno rápido o fortalecer la misión de FRONTEX.

Todas ellas necesarias pero, a mi modo de ver, totalmente insuficientes. Todavía no he podido contemplar que se aborden medidas de carácter diplomático cuando precisamente es la diplomacia la que puede mitigar y cambiar esta dramática situación.

Esta llamada a la diplomacia no es algo nuevo, ya se realizó en tiempo del anterior gobierno del Presidente Rodríguez Zapatero. En aquel entonces nuestro país vivió, entre los años 2006 y 2008, situaciones muy similares a las que ahora está viviendo Italia. En ese periodo, además de las medidas de control y vigilancia de fronteras y del espacio marítimo, el gobierno español adoptó un plan de acción diplomática dirigida hacia los países de origen y de tránsito de donde provenían todos estos inmigrantes ilegales.

Estas travesías no son voluntarias, las causas que empujan a miles de personas a emprender ese arriesgado viaje son la inestabilidad y violencia en sus países que deriva en guerras, violaciones de los derechos humanos y la incapacidad de llevar una vida digna. Y sólo si entendemos las razones profundas del problema, podremos entender el origen de este reto y adoptar medidas con la eficacia necesaria.

Es cierto que la crisis estalla en nuestras fronteras pero la raíz del problema se encuentra en la profundidad del África Subsahariana y de Oriente Próximo, donde la labor diplomática de la UE debería concentrarse en esa doble dirección: por una parte estabilizar esa zona vital para Europa que es Oriente Próximo, con firmes iniciativas de paz, y, por otra, diseñar un gran plan de cooperación al desarrollo para el continente africano. Tanto España y Marruecos, como España y Senegal, demostramos que podíamos actuar de manera corresponsable y así convocamos la primera Conferencia Euroafricana de Migración y Desarrollo en Rabat, en julio de 2006, en la que además de aprobar medidas de control de fronteras se exploraron toda una serie de propuestas de carácter de desarrollo y cooperación. Desgraciadamente muchas de las iniciativas aprobadas en la capital marroquí, no tuvieron el seguimiento adecuado. Hoy sería recomendable volver a convocar una conferencia similar.

Actualmente, se otorga toda la responsabilidad y gestión de la crisis a los ministros de interior, éstos no podrán abordar solos los múltiples retos, necesitan que sus colegas de exteriores se movilicen, pero no solo con reuniones formales en las capitales europeas, sino desplazándose y confrontándose con los verdaderos interlocutores para identificar los problemas y proponer soluciones a corto y medio plazo.

Para ello no se podrá obviar la necesidad de incrementar y renovar un esfuerzo de solidaridad aumentando la ayuda oficial al desarrollo. Esta crisis también revela el impacto negativo que ha tenido la reducción de la ayuda oficial al desarrollo, AOD, en las políticas de cooperación. Parecía que recortar los presupuestos de cooperación no tendría ninguna consecuencia y la mayoría de los países de la OCDE practicaron irresponsablemente reducciones drásticas de las contribuciones de su PIB dedicadas a cooperación. Así no se llegó al 0,7% deseado, sino que se pasó de un 0,5% a un 0,1% vergonzante.

Hoy las consecuencias las tenemos ahí. Aumentamos de nuevo el gasto en los presupuestos de interior y defensa y sin embargo seguimos reduciendo nuestra solidaridad con los más pobres. Éstos seguirán llegando a nuestras costas, seguirán saltando vallas o muriendo en el cementerio del Mediterráneo, mientras nosotros continuaremos elevando nuestros muros, ampliando nuestras flotas de vigilancia, reforzando la Europa-fortaleza y el problema, lejos de disminuir, se agravará cada vez más.

Estamos todavía a tiempo. Somos los europeos los que podemos decidir nuestro futuro, es decir, convertir nuestro mediterráneo en un mar muerto, en un cementerio, o por el contrario en un mar común de esperanza y convivencia.

Miguel Ángel Moratinos

Categories: internacional

¿Se está poniendo en riesgo la lucha de las pensiones?

El equilibrio de un sistema de pensiones de reparto, un sistema que se caracteriza porque los empresarios y trabajadores a través de sus cotizaciones financian en cada momento del tiempo las pensiones de los jubilados, depende en el corto plazo del empleo existente y de los salarios.

Por supuesto, empleo y salarios son los que determinan el volumen de ingresos del sistema. El volumen de gasto tiene que ver con la evolución del número de jubilados y con las características de las prestaciones de jubilación. Si el número de jubilados crece o lo hace la generosidad de las pensiones, el sistema debe encontrar nuevos equilibrios a través de la modificación de los ingresos por cotizaciones sociales. Ello se consigue a través del crecimiento de empleo o de la productividad (que al fin y al cabo termina por elevar los salarios, aunque con el tiempo también hará crecer la cuantía de la pensión media) y, en su defecto, mediante la modificación del tipo de cotización.

A lo largo del último medio siglo la evolución del sistema español de pensiones ha sido un magnífico ejemplo de capacidad de adaptación a las necesidades exigidas por la evolución económica y demográfica. Durante más de tres décadas las cotizaciones sociales excedieron largamente los gastos del sistema de pensiones e incluso fue posible financiar con ellas la expansión del sistema sanitario público durante las décadas de los sesentas y setenta y los primeros años ochenta del pasado siglo. Conforme maduraba su configuración, algo más tardía que la de los sistemas de pensiones públicos en buena parte de Europa, los gastos del sistema español de pensiones iban creciendo paulatinamente y la financiación del sistema sanitario hubo de ser absorbida por el Estado a través de los tributos, algo por lo demás inherente a un sistema que, a partir de 1986 con la aprobación de la Ley General de Sanidad, dejaba de ser exclusivo de los que contribuían a través de cotizaciones, para convertirse en un modelo público de acceso universal para el conjunto de los ciudadanos.

Mediante sucesivas reformas, salvo la llevada a cabo en 1985 todas ellas con un amplio respaldo social y económico a través del dialogo con las organizaciones sindicales y empresariales, el sistema español ha mostrado una extraordinaria capacidad de adaptación al conjunto de cambios que están alterando de forma crucial la configuración de las sociedades avanzadas. Es cierto que, más allá de las catastrofistas previsiones de aquellos que deseaban, y todavía persiguen, su desaparición, las pensiones públicas están mostrando una gran capacidad de respuesta incluso en tiempos de crisis. En el caso español no está de más recordar que en lugar de registrar una preocupante cercanía a la quiebra financiera –como pronosticaban buena parte de las previsiones realizadas durante los primeros años 90 del pasado siglo-, la Seguridad Social ha logrado transitar con éxito a lo largo de las últimas décadas y acumular hasta el año 2011 casi 70.000 millones en su Fondo de Reserva.

Entonces, y todavía ahora, muchos pronosticaron que solo los sistemas privados resistirían. Hoy sabemos que muy pocos han logrado presentar rendimientos positivos durante el transcurso de los veinte últimos años: las pérdidas durante las crisis han sido de tal magnitud que han llegado a anular las ganancias obtenidas durante los años de auge (ello sin tener en cuenta los gastos y comisiones cargados sobre los asegurados, que superan muy ampliamente aquellos en que incurren las administraciones de la Seguridad Social, o los importantes apoyos fiscales soportados de forma casi siempre regresiva por el conjunto de los contribuyentes). Puede que, como tantas otras, esta lección termine siendo olvidada, pero ya hemos aprendido que los modelos privados no son, ni mucho menos, una alternativa superior a los modelos de pensiones de carácter contributivo y universal.

Sin embargo, la intensidad de los ajustes llevados a cabo a lo largo de 2012 y 2013 y la levedad de la recuperación en cuanto a cantidad –y de manera esencial también en términos de calidad-del nuevo empleo creado en 2014, están amenazando el futuro a medio plazo de nuestro sistema de pensiones. En los tres últimos años, desde 2012 a 2014, el déficit del sistema de pensiones ha superado los 35.000 millones de euros, teniendo que apelar en una cantidad similar al Fondo de Reserva. Cuando se liquide el año 2014, la cuantía de las reservas del sistema rondarán los 40.000 millones (tengamos en cuenta que el Fondo también produce rendimientos procedentes de la inversión de sus depósitos en deuda pública).

Por supuesto, pese al triunfalista discurso del Gobierno a lo largo del último año, lo que está detrás de este deterioro intenso en el nivel del Fondo de Reserva –que ha perdido alrededor del 40% de su volumen en solo tres años- es, en primer lugar, la pérdida en estos años de más 450.000 afiliados a la Seguridad Social. Si a ello se le añade, por un lado, la caída en las bases de cotización como consecuencia de la devaluación salarial llevada a cabo y, por otro, el deterioro en la cotización media derivada de la sustitución de empleo entre los que salen tras su jubilación y los que lo encuentran, de forma abrumadoramente alta a tiempo parcial y con salarios inferiores a los de los que se jubilan, el resultado es contundente: los ingresos por cotizaciones han caído a lo largo del último trienio en casi 5.000 millones anuales (mientras que el gasto anual ha crecido en una cuantía similar o superior). Incluso en el año 2.014 en que la afiliación ha crecido casi en el 3%, los ingresos por cotizaciones apenas han superado el 1% (la diferencia tiene que ver con la reducción de las bases de cotización, el salario medio, entre los nuevos afiliados). Los defensores de la austeridad harían bien en contemplar este preocupante futuro que se cierne para una de las principales prestaciones del estado de bienestar.

Lo cierto es que, a este ritmo, el Fondo de Reserva se consumirá en apenas cinco o seis años. Y, sin embargo, lo preocupante no es su agotamiento en sí. Al fin y al cabo el Fondo se creó precisamente para poder afrontar situaciones de desaceleración del crecimiento económico, o incluso de verdadero estancamiento, sin tener que recurrir a elevaciones en las cotizaciones sociales que tendrían que producirse en el peor momento posible, cuando la economía no crece y el empleo no debe encarecerse. Lo que resulta preocupante es que todavía, no se haya impulsado un debate en profundidad sobre cómo articular un nuevo modelo de financiación a medio y largo plazo para nuestro sistema de pensiones (algo que ya se preveía en el Acuerdo Social y Económico de 2011).

Los ingresos del sistema, con los tipos de cotización actuales, no es previsible que superen el 10% del PIB. Pero los gastos rebasarán el 13% dentro de dos décadas. La tarea es abordar esa estrategia desde el diálogo y el acuerdo social. Una estrategia que no puede pasar por rebajar cotizaciones sino por complementar las contribuciones con nuevos ingresos procedentes del sistema tributario (en mi opinión a través de la imposición directa). Lo que sería un error imperdonable, es ponerse a esperar a que el tamaño del Fondo se reduzca hasta su desaparición y que la reforma tenga que pasar por un ajuste en la cuantía de las pensiones, las nuevas y las actuales. Gastar dentro de 30 años el 13 o el 14% de nuestro PIB en pensiones no es una tarea inabordable. Eso es lo que hoy ya gastan países como Italia, Francia o Alemania. Claro que el esfuerzo tiene que ser mayor que el que hoy realizamos porque será mayor la población a la que hay que atender durante su jubilación. Lo que necesitamos es financiar ese mayor esfuerzo con impuestos, no pretender abordar una rebaja en las cotizaciones sociales cuando ni siquiera pueden soportar el nivel de gasto actual.

Valeriano Gómez

Categories: laboral

En defensa del 135

Tal y como narra el propio José Luis Rodríguez Zapatero en su libro “El Dilema”, a finales de agosto de 2011, en medio de un debate parlamentario de convalidación de uno de los múltiples reales decreto-leyes aprobados ese año, el Presidente del Gobierno sorprendió a la Cámara proponiendo incorporar a la Constitución la conocida como “regla de oro fiscal” para garantizar la estabilidad presupuestaria a medio y largo plazo, en relación tanto con el déficit estructural como con la deuda pública, y vinculando a todas las Administraciones Públicas. El 27 de Septiembre de ese mismo año se aprobó la reforma del artículo 135 de la Constitución de 1978, la segunda reforma de nuestra Carta Magna en sus casi 26 años de Historia.

Los firmantes de este artículo, pese a ser militantes o simpatizantes del PSOE, no compartimos el procedimiento de aprobación que se eligió, posiblemente demasiado rápido, aunque entendemos que las circunstancias que vivía nuestro país en esas fechas, sometido al vapuleo de los mercados ante la entonces pasividad del Banco Central Europeo (BCE), no daba mucho margen para un procedimiento más pausado y con una mayor participación ciudadana. También echamos de menos que en ese momento no hubiera habido un debate más en profundidad sobre lo que significaba esa reforma. La ausencia de dicho debate ha llenado los medios y las redes de “eslóganes” políticos que no aguantan un mínimo análisis de rigor. Pero no compartir el procedimiento no quiere decir que no compartamos el contenido básico de esa reforma y la necesidad de mantenerla tal cual se aprobó.

Porque, para empezar, España no estaba haciendo nada especialmente distinto a lo que harían el resto de los países europeos unos meses después. En marzo de 2011, cuando empezaba a quedar claro que se estaba avecinando un enorme tsunami que podría dar al traste con la joven unión monetaria, los países de la zona euro decidieron aprobar el “fiscal compact”, es decir, el compromiso de unas reglas de equilibrio presupuestario a medio y largo plazo. Entre otras cosas, muchos países esperaban que ese pacto contribuyera a vencer la actitud intransigente del BCE, algo que finalmente ocurrió en el verano de 2012. Por tanto, lo que en realidad hizo España en septiembre de 2011 fue “adelantarse” al cumplimiento de este pacto europeo, con la esperanza de que los mercados financieros le fueran a dar un respiro a dos meses vista de unas elecciones y un cambio de gobierno.

La zona euro ya había tenido reglas fiscales, como el tope del 60% de la Deuda Pública para ser país miembro o el Pacto de Estabilidad y Crecimiento, que limitaba el déficit público al 3% del PIB. Unas reglas que habían saltado por los aires en todos los países por la magnitud y duración de la crisis financiera global, convertida después en una crisis de deuda soberana de la zona euro. Por ello era necesario renovar esas reglas fiscales y ganar la complicidad del BCE en la defensa de la existencia del euro.

Entre los eslóganes políticos derivados de esa ausencia de debate queremos resaltar los más llamativos:

“La reforma del 135 pone en riesgo el Estado del Bienestar “

Todo lo contrario. El Estado del Bienestar es uno de los grandes logros del siglo pasado y lo que hay que buscar son fórmulas no sólo para preservarlo, sino para ampliarlo, hacerlo cada vez más efectivo, más eficiente, más duradero. La sostenibilidad financiera del mismo es una condición necesaria para lograr ese objetivo. Porque hay una verdad difícilmente rebatible, y es que el Estado del Bienestar se desmoronará en el momento en que no podamos pagarlo.

“La reforma del 135 es de derechas”.

En absoluto. La búsqueda de la solidaridad y la igualdad entre los ciudadanos no sólo se aplica a la inmediatez del corto plazo, sino pensando en el largo plazo. Por tanto, no tiene nada de progresista dejar a las generaciones futuras cargadas de deuda pública.

Queremos igualdad de oportunidades para los jóvenes, sin importar las circunstancias en que hayan nacido. Queremos que los jubilados tengan una pensión que les permita vivir dignamente. Queremos que los dependientes y sus familiares no sean abandonados a su suerte. Y queremos que esto sea posible no sólo hoy, no sólo ahora, sino de modo sostenible a medio y largo plazo.

Éste no es un dilema nuevo. Lo hemos visto en otros países, como por ejemplo la Suecia de comienzos de los años treinta. Gobernaban entonces los socialdemócratas en mitad de una crisis económica y había déficit en las cuentas públicas. En los presupuestos de 1933 se incluyó un anexo, escrito por Gunnar Myrdal, que venía a decir que en situaciones de crisis habría déficit, causado por la evolución cíclica de la economía, pero que sería compensado en épocas de bonanza por un superávit que permitiera hacer frente a esos gastos extra durante las vacas flacas. Esto es lo que se entiende por “estabilidad presupuestaria a lo largo del ciclo” o lo que es lo mismo, establecer un límite al déficit estructural.

“La reforma del 135 establece el déficit cero para siempre”.

Falso. Establece un límite al déficit estructural. Y también establece la estabilidad presupuestaria a lo largo del ciclo, pero no  periodo a periodo como, por cierto, erróneamente defendía el PP en 2000.

“La reforma del 135 limita la capacidad de maniobra de la política fiscal”.

No es cierto en el corto plazo. Establecer un límite al “déficit estructural” otorga más flexibilidad en caso de una grave recesión que establecer un límite al déficit a secas. Porque un “déficit estructural” del 0,5% es compatible con un déficit del 5 ó 6% en caso de una recesión que genere un fuerte déficit público.

“La reforma del 135 es la causante de los recortes sociales”.

Falso. Los recortes en gasto social no tienen nada que ver con estabilidad presupuestaria, son sólo recortes. Las coberturas del Estado serán tan generosas como decidamos políticamente, pero debemos ser coherentes y asignar los recursos necesarios para pagarlos ahora y dentro de cincuenta años. Además, si la estabilidad presupuestaria genera credibilidad internacional, los acreedores estarán más dispuestos a financiarnos y a un coste menor, lo que favorecerá que se eviten unos recortes sociales que serían ineludibles.

“La reforma del 135 impide el impago de la deuda”

No es correcto. Afortunadamente eso ya lo impedía la Constitución de 1978 en su redacción original. Suponemos que nadie en su sano juicio quiera cambiar eso. Otra cosa es la restructuración ordenada y parcial de la deuda privada que, siguiendo las directrices del FMI pueda implementarse en algunos casos.

“La reforma del 135 supone un corsé para la Deuda Pública”.

Esta frase debe ser una broma. Desde que se aprobó la reforma, el ratio de Deuda Pública ha pasado del 70% al 100% del PIB. Un record de deuda y un récord de aumento de dicha Deuda. No queremos ni imaginarnos lo que hubiera ocurrido sin dicho “corsé”.

El PSOE ha vuelto a sorprender, esta vez al renegar de una reforma que su propio grupo propuso y votó hace 3 años.  Las buenas noticias son que, pese a los 3 años de retraso el debate finalmente se ha abierto. Las malas noticias son que, al calificar la reforma de “error”, ello no abre el debate, sino que lo cierra.

Miguel Sebastian

Javier Vallés

Ariane Aumaitre

Carlos Ladrón de Guevara

y otros 13 miembros del colectivo “Socialismo es Libertad”:

Francisco Carrillo

Daniel Díaz

Javier Doblador

Víctor Gómez-Frías

Marina Muñoz

Javier Payo

Luis Guillermo de Pablos

Manuel Lobo

Aurora Nacarino-Brabo

Pau Regañas

Emilio Rodríguez

José Rodríguez

Roger Senserrich,

Además, se suman:

Jimena García-Pardo

Alonso de Ojeda

Categories: economia