El equilibrio de un sistema de
pensiones de reparto, un sistema que se caracteriza porque los empresarios y
trabajadores a través de sus cotizaciones financian en cada momento del tiempo
las pensiones de los jubilados, depende en el corto plazo del empleo existente
y de los salarios.
Por supuesto, empleo y salarios
son los que determinan el volumen de ingresos del sistema. El volumen de gasto
tiene que ver con la evolución del número de jubilados y con las
características de las prestaciones de jubilación. Si el número de jubilados
crece o lo hace la generosidad de las pensiones, el sistema debe encontrar
nuevos equilibrios a través de la modificación de los ingresos por cotizaciones
sociales. Ello se consigue a través del crecimiento de empleo o de la
productividad (que al fin y al cabo termina por elevar los salarios, aunque con
el tiempo también hará crecer la cuantía de la pensión media) y, en su defecto,
mediante la modificación del tipo de cotización.
A lo largo del último medio siglo
la evolución del sistema español de pensiones ha sido un magnífico ejemplo de
capacidad de adaptación a las necesidades exigidas por la evolución económica y
demográfica. Durante más de tres décadas las cotizaciones sociales excedieron
largamente los gastos del sistema de pensiones e incluso fue posible financiar
con ellas la expansión del sistema sanitario público durante las décadas de los
sesentas y setenta y los primeros años ochenta del pasado siglo. Conforme
maduraba su configuración, algo más tardía que la de los sistemas de pensiones
públicos en buena parte de Europa, los gastos del sistema español de pensiones
iban creciendo paulatinamente y la financiación del sistema sanitario hubo de
ser absorbida por el Estado a través de los tributos, algo por lo demás
inherente a un sistema que, a partir de 1986 con la aprobación de la Ley
General de Sanidad, dejaba de ser exclusivo de los que contribuían a través de
cotizaciones, para convertirse en un modelo público de acceso universal para el
conjunto de los ciudadanos.
Mediante sucesivas reformas,
salvo la llevada a cabo en 1985 todas ellas con un amplio respaldo social y
económico a través del dialogo con las organizaciones sindicales y
empresariales, el sistema español ha mostrado una extraordinaria capacidad de
adaptación al conjunto de cambios que están alterando de forma crucial la
configuración de las sociedades avanzadas. Es cierto que, más allá de las
catastrofistas previsiones de aquellos que deseaban, y todavía persiguen, su
desaparición, las pensiones públicas están mostrando una gran capacidad de
respuesta incluso en tiempos de crisis. En el caso español no está de más
recordar que en lugar de registrar una preocupante cercanía a la quiebra
financiera –como pronosticaban buena parte de las previsiones realizadas
durante los primeros años 90 del pasado siglo-, la Seguridad Social ha logrado
transitar con éxito a lo largo de las últimas décadas y acumular hasta el año
2011 casi 70.000 millones en su Fondo de Reserva.
Entonces, y todavía ahora, muchos
pronosticaron que solo los sistemas privados resistirían. Hoy sabemos que muy
pocos han logrado presentar rendimientos positivos durante el transcurso de los
veinte últimos años: las pérdidas durante las crisis han sido de tal magnitud
que han llegado a anular las ganancias obtenidas durante los años de auge (ello
sin tener en cuenta los gastos y comisiones cargados sobre los asegurados, que
superan muy ampliamente aquellos en que incurren las administraciones de la
Seguridad Social, o los importantes apoyos fiscales soportados de forma casi
siempre regresiva por el conjunto de los contribuyentes). Puede que, como
tantas otras, esta lección termine siendo olvidada, pero ya hemos aprendido que
los modelos privados no son, ni mucho menos, una alternativa superior a los
modelos de pensiones de carácter contributivo y universal.
Sin embargo, la intensidad de los
ajustes llevados a cabo a lo largo de 2012 y 2013 y la levedad de la recuperación
en cuanto a cantidad –y de manera esencial también en términos de calidad-del
nuevo empleo creado en 2014, están amenazando el futuro a medio plazo de
nuestro sistema de pensiones. En los tres últimos años, desde 2012 a 2014, el
déficit del sistema de pensiones ha superado los 35.000 millones de euros,
teniendo que apelar en una cantidad similar al Fondo de Reserva. Cuando se
liquide el año 2014, la cuantía de las reservas del sistema rondarán los 40.000
millones (tengamos en cuenta que el Fondo también produce rendimientos
procedentes de la inversión de sus depósitos en deuda pública).
Por supuesto, pese al
triunfalista discurso del Gobierno a lo largo del último año, lo que está
detrás de este deterioro intenso en el nivel del Fondo de Reserva –que ha
perdido alrededor del 40% de su volumen en solo tres años- es, en primer lugar,
la pérdida en estos años de más 450.000 afiliados a la Seguridad Social. Si a
ello se le añade, por un lado, la caída en las bases de cotización como
consecuencia de la devaluación salarial llevada a cabo y, por otro, el
deterioro en la cotización media derivada de la sustitución de empleo entre los
que salen tras su jubilación y los que lo encuentran, de forma abrumadoramente
alta a tiempo parcial y con salarios inferiores a los de los que se jubilan, el
resultado es contundente: los ingresos por cotizaciones han caído a lo largo
del último trienio en casi 5.000 millones anuales (mientras que el gasto anual
ha crecido en una cuantía similar o superior). Incluso en el año 2.014 en que
la afiliación ha crecido casi en el 3%, los ingresos por cotizaciones apenas
han superado el 1% (la diferencia tiene que ver con la reducción de las bases
de cotización, el salario medio, entre los nuevos afiliados). Los defensores de
la austeridad harían bien en contemplar este preocupante futuro que se cierne
para una de las principales prestaciones del estado de bienestar.
Lo cierto es que, a este ritmo, el
Fondo de Reserva se consumirá en apenas cinco o seis años. Y, sin embargo, lo
preocupante no es su agotamiento en sí. Al fin y al cabo el Fondo se creó
precisamente para poder afrontar situaciones de desaceleración del crecimiento
económico, o incluso de verdadero estancamiento, sin tener que recurrir a
elevaciones en las cotizaciones sociales que tendrían que producirse en el peor
momento posible, cuando la economía no crece y el empleo no debe encarecerse.
Lo que resulta preocupante es que todavía, no se haya impulsado un debate en
profundidad sobre cómo articular un nuevo modelo de financiación a medio y
largo plazo para nuestro sistema de pensiones (algo que ya se preveía en el
Acuerdo Social y Económico de 2011).
Los ingresos del sistema, con los
tipos de cotización actuales, no es previsible que superen el 10% del PIB. Pero
los gastos rebasarán el 13% dentro de dos décadas. La tarea es abordar esa
estrategia desde el diálogo y el acuerdo social. Una estrategia que no puede
pasar por rebajar cotizaciones sino por complementar las contribuciones con
nuevos ingresos procedentes del sistema tributario (en mi opinión a través de
la imposición directa). Lo que sería un error imperdonable, es ponerse a
esperar a que el tamaño del Fondo se reduzca hasta su desaparición y que la
reforma tenga que pasar por un ajuste en la cuantía de las pensiones, las
nuevas y las actuales. Gastar dentro de 30 años el 13 o el 14% de nuestro PIB
en pensiones no es una tarea inabordable. Eso es lo que hoy ya gastan países
como Italia, Francia o Alemania. Claro que el esfuerzo tiene que ser mayor que
el que hoy realizamos porque será mayor la población a la que hay que atender
durante su jubilación. Lo que necesitamos es financiar ese mayor esfuerzo con
impuestos, no pretender abordar una rebaja en las cotizaciones sociales cuando
ni siquiera pueden soportar el nivel de gasto actual.
Valeriano Gómez
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